Esta será una semana clave para impulsar el impeachment a la mandataria.
04 abr 2016 San Pablo EFE
La Abogacía General de la Unión de Brasil ultimó ayer los alegatos de
la defensa de la presidenta Dilma Rousseff, que presentará hoy ante la
comisión parlamentaria que analiza si existen méritos jurídicos para
abrir un proceso destituyente contra la mandataria ("impeachment").
El abogado del Gobierno brasileño, José Eduardo Cardozo, entregará el
documento de la defensa hoy, cuando acaba el plazo de 10 sesiones
parlamentarias que tenía Rousseff para exponer sus argumentos.
Está previsto también que Cardozo haga una exposición de los alegatos,
cuyo razonamiento técnico y jurídico ya fue adelantado el pasado jueves
por el ministro de Hacienda, Nelson Barbosa, ante la propia comisión.
Barbosa negó que Rousseff realizara operaciones irregulares y rechazó
las acusaciones, formuladas por juristas y por cuatro partidos de la
oposición, y que se basan en unas maniobras contables que llevó a cabo
el Gobierno entre 2014 y 2015 para "maquillar" sus balances fiscales.
La oposición también acusa a la presidenta de haber modificado los
presupuestos a través de decretos y de haber acumulado deudas y
contratado créditos con la banca pública, lo que está prohibido por la
legislación vigente.
Barbosa señaló que "pudo" haber habido "maquillaje" en los resultados
oficiales en 2014, pero que las deudas fueron canceladas "por completo"
en 2015, el primer año del nuevo mandato de Rousseff.
El Ejecutivo ocultó unas millonarias deudas acumuladas con la banca
pública, que usó como agente de pagos para cubrir parte del valor
previsto para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y
otras obligaciones como créditos para campesinos.
"En 2013 y 2014 hubo valores excesivamente negativos en contra del
Gobierno durante mucho tiempo", reconoció el titular de Hacienda, quien
también insistió en que no se puede destituir a un gobernante por faltas
cometidas en mandatos anteriores.
En relación a la modificación de los presupuestos, Barbosa argumentó
que los decretos no alteraron el importe final, sino que solo afectaron a
las partidas, por lo que no constituyeron un aumento del gasto, tal
como esgrime la acusación.
"Con base en estos argumentos técnicos y jurídicos, y no en mis
opiniones, considero que no hay base legal" para abrir un juicio contra
Rousseff, subrayó Barbosa.
El ministro también hizo hincapié en que "no hay nada de lo que hablar
de flexibilidad fiscal, de irresponsabilidad fiscal o de delito de
responsabilidad en un momento en el que el Gobierno hizo el mayor plan
de contingencia de su historia".
La comisión que recibirá la defensa encara una semana decisiva, ya que
tiene previsto presentar también su informe final, que todavía deberá
recibir la aprobación del Congreso.
Tras los alegatos de Rousseff, los 65 diputados del grupo debatirán el
caso durante cinco sesiones más para, después, votar el informe que
antes del viernes presentará el diputado instructor, lo que podría
ocurrir el próximo 11 de abril.
El Pais
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