El gobierno habilitará la construcción de 29 casas en la franja costera del Cabo Polonio donde hace 14 años se derribaron 80 viviendas. Pobladores critican a la Intendencia de Rocha por querer cobrar impues tos y aumenta contaminación.
Informes técnicos advierten sobre la contaminación generada por el turismo. Foto: Archivo.
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EDUARDO BARRENECHE mar oct 14 2014
"Las nuevas construcciones las están conversando en privado con los dueños de la tierra o sea sucesión Tisnés y Gabasol SA Yo no sé en qué están esas negociaciones. Por eso el alerta de la comunidad local sobre que esas decisiones no se hagan en secreto. Está en juego el desarrollo urbanístico típico del Polonio". Así se refirió Gerardo Núñez sobre el tema, quien posee un hostel e integra el grupo de pobladores del balneario.
Salvo las familias de pescadores, en la Comisión Asesora Específica (CAE) del Parque Nacional "Cabo Polonio" todos defienden sus derechos, algunos de ellos poco legítimos.
El gobierno quiere regularizar a los "ranchos" en el marco de introducir al Polonio dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNA). Pero últimamente no ha puesto mucho empeño en la tarea. Después de nueve meses, la Comisión Asesora se volvió a reunir hace pocos días a instancias de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).
Por su parte, la Intendencia de Rocha pretende cobrar impuestos a decenas de "ranchos" clandestinos que generan enormes ingresos a sus dueños por concepto de alquileres en la temporada veraniega.
Los pobladores locales, muchos de ellos ocupantes irregulares de predios estatales y privados durante más de 20 años, están en contra de que se modifique el perfil del balneario con construcciones modernas y argumentan que fueron ellos, y no el gobierno, quienes transformaron el Polonio en un lugar atractivo para el turismo.
En el medio de esa compleja trama de intereses, el Cabo se deteriora cada temporada por la gran cantidad de personas que arriban al lugar. Informes de la Dinama advierten sobre aguas servidas, dunas destrozadas y pozos contaminados, entre otros daños ambientales.
Más casas.
Las negociaciones entre el Ministerio de Ganadería —propietario de una extensa propiedad en el balneario hoy parte de ella ocupada en forma ilegal, la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara)— permitirán que los propietarios de la empresa Gabasol puedan construir más viviendas en el Polonio que son las que le faltarían a algunos socios. Gabasol, con decenas de casas edificadas en el balneario, es una de las pocas firmas que paga impuestos a la Intendencia Municipal de Rocha por esas propiedades.
Además del Ministerio de Ganadería y Gabasol, la sucesión Tisnés es otro propietario de envergadura de tierras en el Cabo Polonio. Dentro de ese predio hay decenas de edificaciones ilegales.
En las últimas semanas, representantes legales de la familia Tisnés y de los pobladores de La Calavera se reunieron en varias oportunidades con jerarcas de la Dirección Nacional de Medio Ambiente para buscar una solución consensuada.
La opinión de los pobladores es que son perjudicados por la aplicación de medidas dispuestas por la Dinama porque estas no les permiten arreglar las construcciones ni los negocios. También se quejan de que la Intendencia de Rocha les exige para autorizar los arreglos que firmen un documento reconociendo que no tienen "derechos".
Se pretende acordar con los ocupantes de los predios de la Dirección de Recursos Acuáticos en el Cabo Polonio una suerte de comodato —préstamo de uso— por 10 años pese a que muchos de esos "ranchos" se encuentran sobre la franja rocosa.
Existen expedientes en la Dirección de Medio Ambiente sobre un acuerdo para habilitar esos comodatos entre los directores Jorge Rucks (Dinama) y Daniel Giraldoni (Dinara). Sin embargo, el decreto de incorporación del Cabo Polonio al Sistema Nacional de Áreas Protegidas dice que no se puede construir en el litoral rocoso. Inclusive, en el proyecto de área protegida se sugirió tirar algunas casas de la empresa Gabasol que están sobre las rocas, según consta en actas de reuniones entre jerarcas ministeriales y pobladores permanentes del Cabo Polonio.
Técnicos de la Dinama reiteraron en informes que las autorizaciones para construir en la franja rocosa violan las leyes 17.283 de Medio Ambiente y 17.234 de Áreas Protegidas y el decreto de incorporación del Cabo Polonio al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Agregaron que, en la década de los noventa ya principios del año 2000, se demolieron 80 "ranchos" ilegales por estar en la zona rocosa y afectar el medio ambiente costero.
Los pobladores locales también alertan sobre el problema del daño que sufre el balneario rochense. "En lo inmediato para esta temporada pedimos que los camiones no transiten más por las playas. Es algo que no cuesta dinero y es uno de los daños más grandes para la playa", dijo Núñez.
Traición.
Un carta de un poblador del Cabo Polonio, titulada "Cinco años de hablar y discutir y el balneario está cada vez más deteriorado", señala que el gobierno "traicionó" a los residentes del balneario porque no los reconoce como un elemento clave del desarrollo y gestión del área protegida.
Sostiene que la nueva versión del Plan de Manejo del balneario implicaría la pérdida de derechos de muchos propietarios de la empresa Gabasol, a los cuales se les "expropiara" sus propiedades bajo un modelo de cesión de derechos.
También se pregunta qué sucederá con los predios correspondientes a La Calavera, propiedad de la sucesión Tisnés, a la cual desde hace años se la tiene en la "nebulosa" si podrá realizar algún proyecto de desarrollo turístico para el área. La carta concluye indicando: "Es el modelo de las autoridades departamentales y nacionales que valida situaciones absolutamente irregulares con un único fin recaudatorio y validación de situaciones que antes eran negativas para el ambiente. ¿Hoy no lo son?".
El Pais
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