Acht von zehn Venezolaner denken, dass die Situation im Land negativ
ist, und fast 60% Management versagt beim sozialistischen Präsidenten Nicolas
Maduro, laut einer privaten Umfrage.
CARACAS AFP Y EFE 06 may 2014
CARACAS AFP Y EFE 06 may 2014
A la pregunta: "¿Cómo evalúa usted la situación en el país en la
actualidad?", un tercio (33,8%) de los encuestados respondió que es "muy
mala", otro tercio (32,9 %) mala y 12,7 % "regular hacia mala",
mientras solo el 18,5 % consideró que es positiva, según el sondeo de la
empresa Datanálisis, publicado por el diario El Universal.
La opinión sobre la gestión de Maduro también se degradó fuertemente
desde noviembre, al subir de 44,6 % a 59,2 % quienes la desaprueban,
agrega el sondeo realizado entre 1.300 personas del 31 de marzo al 20 de
abril y con un margen de confianza de 95 %.
Desde febrero pasado, Venezuela es escenario de virulentas protestas
contra el gobierno de Maduro a raíz de la crisis económica, con una
inflación anual de casi 60 %, la escasez de uno de cada cuatro productos
básicos como arroz, azúcar, leche o papel higiénico, y la violencia
criminal.
Según el sondeo, por primera vez los venezolanos consideraron que su
principal problema es el económico, al ubicar el desabastecimiento de
alimentos con 32,5 % por delante de la inseguridad, que hasta ahora
lideraba las encuestas y esta vez sumó 23,5 % de las opiniones.
El 31,8 % de los encuestados señaló a Maduro -sucesor del fallecido
presidente Hugo Chávez- como el principal responsable de la situación en
el país, un 17,2 % a "el pueblo" y un 13,8 % a los ministros.
Asimismo, seis de cada diez venezolanos (59,1 %) estimaron que Maduro
debe dejar el poder antes de 2019, cuando culmina su mandato: así, 39 %
apoya que el presidente salga del poder este mismo año, 20,1 % un
revocatorio del mandato en 2016 y 19,7 % prefiere que concluya su
gestión.
En tanto, entre seis y siete de cada diez encuestados juzgaron de "inestables" tanto el gobierno como la situación del país.
El trabajo de Datanálisis también muestra que el discurso oficial sobre
los presuntos responsables de la crisis ("la oposición de derecha",
"los golpistas" y Estados Unidos) ha tenido poco eco entre los
venezolanos.
Apenas un 1,9% de la población responsabiliza al encarcelado opositor
radical Leopoldo López, un 1,4% al ex candidato presidencial y principal
dirigente opositor Henrique Capriles, y un 1,3% a Estados Unidos, país
al cual el gobierno chavista acusa de un intento de golpe de Estado.
Derechos Humanos.
Paralelamente a la difusión de estos datos de opinión, surgieron nuevas
denuncias por otro de los flancos débiles del gobierno de Maduro.
La organización Human Rights Watch (HRW) difundió ayer en Washington un
informe donde pone de manifiesto la crítica situación en relación con
la represión de las protestas.
El informe de 103 páginas, titulado "Castigados por protestar:
Violaciones de derechos humanos en las calles, centros de detención y el
sistema judicial de Venezuela", documenta 45 casos ocurridos en Caracas
y tres estados que afectan a más de 150 víctimas, en los cuales
miembros de fuerzas de seguridad han vulnerado derechos de los
manifestantes y otras personas en las proximidades de lugares donde se
desarrollaban protestas.
El informe de HRW destaca que el gobierno alentó a grupos de
paramilitares, conocidos como "colectivos", que actúan violentamente en
las manifestaciones callejeras.
"La magnitud de las violaciones de derechos humanos que documentamos en
Venezuela y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y
funcionarios judiciales en estos delitos, demuestra que no se trata de
incidentes aislados ni de excesos de algunos agentes insubordinados",
sostuvo José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights
Watch.
"Por el contrario, forman parte de un patrón alarmante de abusos que
representa la crisis más grave que hemos presenciado en Venezuela en
años".
La organización llevó a cabo una investigación en Venezuela durante el
mes de marzo de 2014, que incluyó visitas a Caracas ya los estados de
Carabobo, Lara y Miranda, y realizó decenas de entrevistas a víctimas de
abusos y sus familiares, testigos, profesionales médicos, periodistas,
abogados y defensores de derechos humanos.
En el curso de esas investigaciones HRW pudo constatar que las fuerzas
de seguridad han hecho un uso totalmente injustificado de la fuerza,
empleando métodos de brutalidad contra personas que no eran ni
peligrosas ni estaban armadas.
En muchos casos, el objetivo de los abusos parece haber sido impedir
que personas documentaran las tácticas aplicadas por miembros de las
fuerzas de seguridad, o castigar a quienes intentaran hacerlo, asegura
el informe de la organización.
"Prácticamente todas las 150 víctimas cuyos casos documentamos en este
informe sufrieron la negación de garantías básicas del debido proceso.
Muchas permanecieron incomunicadas y se les negó el acceso a abogados
hasta minutos antes de las audiencias judiciales, que a menudo se
programaron en medio de la noche sin ofrecer ninguna justificación
plausible. Jueces y fiscales en reiteradas ocasiones hicieron caso omiso
de evidencias que sugerían que los detenidos habían sufrido abusos
mientras permanecieron a disposición de las autoridades, incluidos
signos evidentes de abuso físico", expresa la introducción del informe
presentado ayer.
Otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, como es el
caso de Amnistía Internacional, han alertado sobre los flagrantes casos
de violaciones y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. El gobierno de Nicolás Maduro ha desechado sistemáticamente las denuncias de este tipo.
Crisis del papel golpea a diario
CARACAS | AFP
El diario El Universal, uno de los rotativos tradicionales de
Venezuela, volvió a reducir ayer su cantidad de páginas debido a falta
de papel provocada por un retraso en los trámites de importación por
parte del gobierno, según el propio diario.
"El insólito retardo en la Autorización de Adquisición de Divisas
(responsabilidad del Centro Nacional de Comercio Exterior) no ha
permitido nacionalizar un cargamento de papel periódico propiedad de El
Universal" que se "encuentra desde enero en el puerto de La Guaira",
denunció el periódico, que redujo su edición de ayer a 16 páginas.
En un país con estricto control de cambios desde 2003, el gobierno del
presidente Nicolás Maduro ha casi bloqueado en el último año la entrega
de divisas para importaciones consideradas "no prioritarias" e incluso
retrasado las de productos básicos generando un fuerte
desabastecimiento.
Por la falta de papel, más de una docena de diarios de toda Venezuela
han cerrado, se han limitado a las ediciones electrónicas o han reducido
sus páginas.
Los diarios han topado regularmente con problemas para acceder a las
divisas e importar papel, y las denuncias se multiplican en los casos de
rotativos considerados con línea crítica hacia el gobierno.
Hace un mes otros tres importantes rotativos (El Nacional y El Nuevo
País de Caracas, y El Impulso de Barquisimeto) recibieron un préstamo de
52 toneladas de papel enviados por la Asociación Colombiana de Editores
de Diarios y Medios Informativos (Andiarios).
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció varias veces que
estas actitudes del gobierno constituyen un ataque a la libertad de
prensa.
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