Las horas amargas de Nicolás Maduro
Las calles de Caracas volvieron a llenarse de manifestantes, al Este
una multitudinaria concentración opositora y al Oeste ante el Palacio de
Miraflores miles de manifestantes chavistas. Y en tanto, el balance de víctimas llegó a 10 muertes.
CARACAS AFP, AP, ANSA, EFE
La última víctima fue la estudiante Geraldine Moreno (23), alcanzada
por una perdigonada en el rostro durante una manifestación en Carabobo,
en el centro del país.
Unas horas antes el gobierno había denunciado la muerte de un
motociclista identificado como Elvis Rafael Durán (29), que murió
degollado por un cable tendido a lo ancho de la avenida Rómulo Gallegos
de la capital.
Desde el chavismo se denunció esta muerte como responsabilidad de los
opositores, ya que algunos manifestantes colocaron alambrados y cables
para defenderse de los grupos armados de paramilitares que se desplazan
en parejas en motos de gran cilindrada y abren fuego contra los
manifestantes. No se confirmó, empero, si la víctima pertenecía a uno de estos "colectivos", como se les denomina en filas del chavismo.
De cualquier manera, estas muertes ilustran el estado de cosas que se vive hoy en Venezuela. Una nación que ayer volvió a quedar partida al medio, con sendas manifestaciones de chavistas y opositores.
Una decena de muertos, 137 heridos de distinta gravedad, según las
autoridades sanitarias, decenas de detenidos, recluido uno de los
principales líderes opositores, Leopoldo López, configuran la crisis que
estalló en toda su intensidad el 12 de febrero. Sin embargo, los problemas de fondo del país son otros y han estado en el trasfondo de las protestas.
Una profunda crisis económica caracterizada por uno de los mayores
índices de inflación del mundo -el año 2013 cerró con un índice del 55
%, muchos analistas prevén que este año superará el 75 %-; el
desabastecimiento de los principales productos, principalmente de
almientos; creciente desempleo; una tasa de criminalidad sumamente
elevada -el año 2013 cerró con los homicidios de 24.763 personas, una
tasa de 79 homicidios cada 100.000 habitantes- conforman en sus líneas
principales el cuadro.
El ahondamiento de la crisis económica llevó al gobierno de Nicolás
Maduro a extremar medidas en un programa que, en su habitual retórica,
el presidente denominó como "guerra económica".
Y de ese modo, aplicando manu militari medidas de represión contra
comerciantes que venden sus productos a los precios de mercado, Maduro
terminó un 2013 e inició el año en medio de una creciente volatilidad.
Represión.
El cóctel de crisis e inseguridad ambientó el movimiento de protesta que comenzó a principios de este mes.
El movimiento estudiantil se movilizó en la capital del estado de
Táchira, San Cristóbal -estado desde el jueves virtualmente militarizado
por orden de Maduro-, con una manifestación el 4 de febrero. Pero estas manifestaciones comenzaron a replicarse rápidamente en otros puntos.
Desde la oposición, particularmente desde el sector más radical de la
Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el partido Voluntad Popular
liderado por el exalcalde Leopoldo López, se comenzó a instrumentar el
programa de movilizaciones callejeras conocido como "La Salida".
López lanzó esta campaña, seguido por la diputada independiente María
Corina Machado y el alcalde caraqueño Antonio Ledezma, el pasado 23 de
enero.
Y junto a la intensificación de las movilizaciones callejeras desde el
gobierno se aumentó el despliegue de las fuerzas de seguridad.
La represión del movimiento opositor se desató dos días después de la
marcha en Táchira, pero llegó al punto de inflexión en Caracas el 12 de
febrero.
En esa manifestación estudiantil a la que adhirió la oposición política
murieron tres personas, una de las víctimas pertenecía a un grupo de
militantes chavistas.
Los numerosos testigos y también las grabaciones hechas con cámaras de
celulares aseguran que los disparos fueron realizados por los grupos
motorizados que operan como verdaderas unidades paramilitares.
Desde entonces la cuenta de muertos ha aumentado, según las cifras manejadas por las autoridades y la oposición.
Pero también en ese contexto han surgido denuncias de torturas y abusos
recogidas por organizaciones internacionales y locales de Derechos
Humanos, como Amnistía Internacional, Human Right Watch y el Foro Penal
de Venezuela, que reúne a abogados.
Y también el principal líder opositor, el gobernador del estado de
Miranda, Henrique Capriles, que ayer encabezó una manifestación que se
estimó en más de 50.000 personas, exigió al gobierno el cesde la
"represión brutal" y se refirió a las denuncias por torturas.
El gobierno acompañó las medidas de represión en la calle, con las de mayor censura en los medios.
Además de bloquear el acceso al papel para los periódicos, quitar del
aire a una señal de cable internacional, atacar públicamente a
corresponsales de las agencias de noticias el jueves Maduro ordenó el
retiro de las credenciales al equipo de la CNN.
La periodista de la cadena estadounidense Patricia Janiot denunció,
asimismo, haber sido objeto de apremios en el aeropuerto cuando se
retiraba del país.
Ayer se confirmó que el gobierno volvió a autorizar las acreditaciones
para CNN, pero sus corresponsales ya no continúan cubriendo en
Venezuela.
Opositor preso.
El hecho más resonante de la semana fue la prisión para el líder opositor Leopoldo López.
López se entregó el martes, tras convocar a una manifestación pública a la que asistieron unas 10.000 personas en Caracas.
Luego de hablarle a sus seguidores el dirigente se encaminó hacia un
piquete policial y allí se entregó a los efectivos de la Guardia
Nacional.
El abogado defensor de López, el jurista Enrique Sánchez Falcón, dijo a
El País que el procedimiento judicial que se le inició a su defendido
está plagado de irregularidades.
López, recluido en la prisión militar de Ramo Verde, declaró en un
"tribunal móvil", un autobus convertido en recinto de audiencias que se
estacionó a las puertas del establecimiento militar.
La Fiscalía lo acusa de instigar a los actos de violencia, de
asociación para delinquir, y de daño e incendio a inmuebles públicos.
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